MINISTERIALES VIOLARON DERECHOS DE DETENIDA, SENTENCIA DERECHOS HUMANOS

Xalapa, Ver.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador de Veracruz y a la fiscal general el estado, Cuitláhuac García Jiménez y Verónica Hernández Giadáns, respectivamente, tras haberse hallado que fueron violados los derechos humanos de una mujer que fue detenida por parte de la Policía Ministerial.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51VG/2022 derivado de la queja interpuesta el 17 de noviembre de 2020, por una madre de familia, en la que manifestó que su hija había sido detenida por policías en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y posteriormente trasladada a Veracruz, en cuyo trayecto fue golpeada y amenazada.

Por la gravedad del caso, este Organismo Nacional ejerció su facultad de atracción e inició la investigación correspondiente. De acuerdo con documentos que obran en el expediente de queja, la víctima manifestó que el 6 de noviembre de ese mismo año, mientras acudía a comprar pan en compañía de sus hijos, fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz fue revisada por un médico quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo.

La investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.

Las secuelas generadas quedaron constatadas a través del Informe de Evaluación Psicológica, conforme a lo establecido en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, en el que se dictaminó que la víctima aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.

Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente.