SECRETARÍA DE SALUD DESVÍO 388 MILLONES DE PESOS CON CUITLÁHUAC GARCÍA

Xalapa, Ver.- En un probable daño patrimonial por más de 388 millones de pesos incurrió la Secretaría de Salud en la cuenta pública 2023. Las irregularidades incluyen pagos sin comprobar, nómina alterada y hasta compra de uniformes.

La ASF auditó recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud donde detectó desfalco de 219 millones de pesos y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral donde el daño fue de 169 millones de pesos.

La auditoría emitió 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionario de la secretaría de salud. A estas observaciones se suma una auditoría forense que identificó, al desvío de 1 mil 195 millones de pesos en la contratación de servicios subrogados para equipos médicos en diversas áreas, como pruebas de laboratorio clínico, banco de sangre, anestesia, y arrendamiento de equipo de rayos X y ultrasonido, entre otros.

Entre las irregularidades de estas dos auditorías destaca el pago a 300 trabajadores contratados por honorarios, sin que se presentara documentación que acreditara su asistencia y las actividades realizadas. El desfalco aquí suma en ambos programas más de 90 millones de pesos.

Uno de los hallazgos más significativos es el pago de 235 millones de pesos por un servicio de vigilancia en hospitales, jurisdicciones sanitarias, centros de salud y oficinas centrales, sin que se presentarán informes que acreditan la prestación del servicio que fue pagado con recursos del Fondo de aportaciones y del programa de atención a la salud.

Se trata de un contrato otorgado al IPAX por 239 millones de pesos donde los auditores encontraron que el contrato obligaba al proveedor a rendir un informe de las novedades suscitadas durante el mismo, Pero el documento no se entregó y no se presentó evidencia respecto a la supervisión y vigilancia del cumplimiento del contrato.

Asimismo, se detectó la asignación de 53.7 millones de pesos para la compra de uniformes mediante tarjetas electrónicas con chip a la empresa Toka Internacional originaria de Jalisco, sin que existiera evidencia de que los trabajadores realmente adquirieron los insumos.