PIDEN ENDURECER PENAS A MUNÍCIPES SALIENTES POR OMISIÓN CON DOLO
Xalapa, Ver.- El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa que busca imputar a los servidores públicos municipales salientes que sean responsables de actos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos y omisión en la entrega-recepción por ocultamiento y obstrucción.
El proyecto, presentado durante la Segunda Sesión del Primer Receso por la diputada Citlali Medellín Careaga, plantea reformar tres ordenamientos para sancionar con cárcel dichos actos que provocan la interrupción de servicios públicos, la parálisis de la recaudación fiscal o ponen en riesgo la seguridad pública del municipio, atentando contra la operatividad del Estado, dejando en la indefensión a los gobernados y deteniendo la capacidad de respuesta del gobierno entrante.
La representante popular señaló un fenómeno recurrente en el estado de Veracruz al que denominó “secuestro administrativo”, consistente en que servidores públicos salientes, actuando con dolo o negligencia, se niegan a realizar la entrega formal de los bienes, archivos, claves catastrales y sistemas financieros a las nuevas autoridades.
Al impedir el acceso a los sistemas de cobro y a la base de datos catastral mediante la omisión de la entrega-recepción, -abundó la legisladora- los funcionarios salientes causan un daño patrimonial irreversible a la hacienda municipal, impidiendo que el ayuntamiento disponga de los recursos necesarios para prestar servicios básicos desde el primer día de su gestión. Esta conducta, afirmó, no es una simple omisión, sino un sabotaje a la voluntad popular y a la funcionalidad del municipio libre.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el Grupo Legislativo del PVEM propuso una reforma a la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal para que se endurezcan los plazos y se establezca expresamente que la falta de firma del Acta Circunstanciada el 1 de enero constituya per se la presunción de la comisión de un delito, obligando al Órgano Interno de Control y a las autoridades entrantes a dar vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
