DIALOGAN EN EL CONGRESO SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO
Xalapa, Ver.- Autoridades de los poderes Legislativo y Judicial de Veracruz, activistas, defensoras de derechos humanos, servidoras y servidores públicos participaron en el Foro Violencia política por razón de género en los cargos por designación-Su análisis en la vía constitucional del Estado, que se llevó a cabo este día en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.
En el uso de la palabra, la diputada Perla Eufemia Romero Rodríguez, organizadora y convocante de este encuentro, precisó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es una forma de violación de los derechos humanos y que busca impedir la participación de este sector social en la vida política del estado.
La también Presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto de esta LXVI Legislatura explicó que esta violencia puede manifestarse de diversas maneras, como acciones u omisiones, amenazas, intimidación, discriminación, calumnias, obstáculos o negación de recursos, información o justicia, no sólo en estereotipos de género.
Reconoció que la violencia política de género no está aún definida de manera explícita en el marco legal de la entidad, por lo que, consideró, deben sentarse las bases para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.
Esto, dijo, puede llegar a concretarse asegurando condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político y promoviendo un entorno libre de violencia para todas las mujeres, independientemente de su función pública o de elección popular.
A su vez, el presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, diputado Paul Martínez Marie, dio a conocer que la Comisión Permanente de Gobernación, en la cual funge como secretario, ha recibido, en este 2023, 66 solicitudes de ediles de diversos ayuntamientos para intervenir en actos de obstaculización del cargo, violencia patrimonial, indebidas notificaciones a sesiones de cabildo, violación al derecho de petición e información.
