APRUEBA CONGRESO REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN, EN MATERIA DEL PODER JUDICIAL
Xalapa, Ver.- Con 39 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen de la iniciativa, remitida por la gobernadora del estado, Norma Rocío Nahle García, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de reforma al Poder Judicial.
El contenido del dictamen, presentado al Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, integrada por los legisladores Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada María Elena Córdova Molina, presidente, secretario y vocal, respectivamente, refiere que el objeto de la reforma es homologar la Constitución local con la reforma federal aprobada, en materia del Poder Judicial, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Expone que la citada reforma federal transformó el paradigma del Poder Judicial, estableciendo la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante el sufragio universal, secreto y directo, la creación de un Órgano de Administración Judicial y de un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la eliminación de fideicomisos y fondos, abriendo la puerta a la democratización y la rendición de cuentas.
Además, destaca que las reformas indican el marco jurídico para la implementación de procesos electorales ordinarios y extraordinarios a través de convocatorias emitidas por el Congreso del Estado, asegurando el cumplimiento de plazos y lineamientos que garanticen elecciones abiertas, democráticas, con paridad de género, equidad y transparencia, en congruencia con las disposiciones federales y locales en materia electoral.
En el decreto se establece una serie de disposiciones transitorias para la implementación escalonada y ordenada del nuevo esquema, incluyendo la extinción gradual del Consejo de la Judicatura, el inicio de funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, así como la armonización de las leyes secundarias, “respetando en todo momento los derechos laborales del personal del Poder Judicial del Estado”.
