ARMONIZA CONGRESO DE VERACRUZ LEY DE DERECHOS HUMANOS CON DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

Xalapa, Ver.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz (CEDHV), con lo que se armoniza con el nuevo marco constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, otorgando atribuciones a la Contraloría Interna del organismo autónomo como Autoridad Garante.

De igual manera, se dota de atribuciones a la CEDHV sobre su autonomía técnica, de gestión y presupuestal para fortalecer y ampliar la perspectiva de acción institucional para hacer frente a las exigencias y requerimientos de la realidad de los derechos humanos en la entidad.

Este dictamen, resultado de la iniciativa presentada 9 de abril de este año por la titular del organismo, Minerva Regina Pérez López, registró 39 votos a favor y 4 en contra, sin abstenciones.

La exposición de este proyecto refiere la aprobación de las leyes federal y estatal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que reconoce a los Órganos Internos de Control (OIC) de los organismos autónomos como figura de Autoridad Garante, por lo que esta reforma establece nuevos paradigmas y estándares de garantía de la efectividad, eficiencia y modernidad en el ejercicio del derecho humano al acceso a la información pública y la salvaguarda de datos personales.

Se adiciona la atribución de la Comisión para vigilar y supervisar el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran albergados en Centros de Asistencia Social dependientes de autoridades estatales o municipales y se amplían las facultades de supervisión penitenciaria a otros centros de detención como pueden ser los separos.

En lugar de “internos” se establece el término “personas privadas de la libertad” y, en su caso, por “adolescente en conflicto con la ley”. Esto, como parte del reconocimiento de su dignidad como personas y acorde con los términos previstos tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal como en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Por otra parte, con estas reformas se privilegia el uso de expresiones que sean inclusivas de género y que visibilicen a las mujeres y en general a las personas, evitando estereotipos de género respecto de cargos públicos de liderazgo vinculados históricamente a hombres. De esta forma, se contribuye también a que se fortalezca la igualdad sustantiva con el uso del lenguaje incluyente en distintos ordenamientos normativos.