PESE A SENTENCIA DE LA CIDH, NO HAY REPARACIÓN A FAMILIA DE ERNESTINA ASCENCIO
MÉXICO.– A casi veinte años de los hechos que derivaron en la muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de Soledad Atzompa quien fue víctima de violencia sexual, su familia continúa sin recibir una reparación efectiva por las violaciones acreditadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sentencia emitida hace diez meses concluyó que Ernestina Ascencio Rosario fue víctima de violencia sexual por parte de elementos del Ejército mexicano en febrero de 2007, en un contexto de militarización en la sierra de Zongolica. Además, la Corte determinó que las lesiones sufridas y la falta de atención médica adecuada contribuyeron directamente a su fallecimiento.
Las organizaciones acompañantes expresaron su “profunda preocupación” por los retrasos que persisten en el cumplimiento de medidas esenciales.
Señalaron que durante los últimos seis meses se han sostenido mesas de interlocución con las instituciones responsables y se han registrado avances en la definición de algunas medidas. Sin embargo, persisten demoras injustificadas en aquellas que impactan directamente a las víctimas, en especial la atención de salud que la Corte ordenó brindar con carácter urgente.
La sentencia establece que se debe garantizar atención médica, psicológica y/o psiquiátrica a las hijas e hijo de doña Ernestina, como consecuencia de las violaciones sufridas.
El plazo para implementar esta medida ya fue superado ampliamente sin que se hayan removido los obstáculos administrativos que impiden el acceso efectivo a los servicios de salud. Las organizaciones advirtieron que la falta de coordinación institucional “no puede convertirse en una nueva barrera” para el ejercicio de los derechos de las víctimas.
Tampoco hay respuesta a la solicitud de la familia para el acto público y reconocimiento de responsabilidad internacional, ordenado por la Corte y solicitado para realizarse en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa. Sostienen que a pesar de que la petición ha sido reiterada, no han tenido respuesta.
Para la familia, señalaron, la participación de la titular del Ejecutivo es fundamental, dado que durante casi dos décadas enfrentaron no sólo la falta de justicia, sino declaraciones de altas autoridades que desacreditaron su palabra y contribuyeron a la impunidad.
Tampoco se han concretado las medidas de reparación económica. Han pasado más de tres meses desde el vencimiento del plazo comprometido por el propio Estado para hacer efectivos los pagos ordenados, sin que éstos se hayan materializado.
