APRUEBA CONGRESO REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL PODER JUDICIAL
Xalapa, Ver.- Con 39 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que tiene relación con garantizar la imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia de las personas juzgadoras e impartidoras de justicia, aunado a la separación clara de las labores administrativas y jurisdiccionales.
Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el pasado 8 de enero por el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Diego Castañeda Aburto, complementa la reciente reforma constitucional, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2024, por la que estableció la elección popular de los cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces de Primera Instancia, así como la creación de dos órganos necesarios para cumplimentar las nuevas expectativas del Poder Judicial local: El Órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina.
De acuerdo con el texto del dictamen, el Artículo 57 constitucional precisa que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la Presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Para las propuestas de aspirantes a magistradas y magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, de Disciplina Judicial y de Conciliación y Arbitraje. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán, cada uno, hasta tres personas por cada cargo disponible y para el caso de propuestas de aspirantes a juezas y jueces de Primera Instancia, los poderes del Estado postularán hasta dos aspirantes, en los términos previstos. De igual forma, se establece que la etapa de preparación de la elección estatal correspondiente iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) celebre en los primeros siete días de septiembre del año anterior a la elección.
